La
Tragedia del Prestige
LA
VANGUARDIA - 02.46 horas - 08/12/2002
JORDI
BARBETA
La tragedia del “Prestige”
está resultando una catástrofe ecológica, un desastre económico, y
una injusticia humana, pero todo ello se resume desde el punto de vista
político en un clamoroso fracaso de la democracia, entendida como el
sistema que garantiza las libertades y la participación de los
ciudadanos para asegurar la primacía del interés general.
Observando la reacción de los actores políticos en los primeros días
de la crisis, tuvieran responsabilidades de gobierno o hablaran desde la
oposición, la principal preocupación no fue la adopción de medidas
para evitar o paliar los estragos que está causando ahora la marea
negra, sino tranquilizar al sector pesquero y prometerle toda suerte de
ayudas públicas –hubo una auténtica subasta entre gobernantes y
opositores a ver quién era capaz de ofrecer más–, unos para evitar
que se desbordaran las protestas y otros para sacar tajada de la
indignación. Es decir, que no les preocupaba el problema, sino su
futuro.
Llovía sobre mojado o, mejor dicho, se estaba incendiando un polvorín.
Lo primero que recordaron los gallegos ante las primeras noticias de que
un petrolero zozobraba cerca de las rías era el daño material que
había ocasionado diez años antes el petrolero “Mar Egeo” y la
constatación de que todavía nadie había sido resarcido de las
pérdidas. Por eso el Poder actuó dando prioridad a la tarea de calmar
a la gente antes que preparar la ofensiva contra el fuel, y por eso,
cuando llegó la marea, ni siquiera había guantes para trabajar...
Las crisis del “Prestige” y del “Mar Egeo”, que han ocurrido
bajo la responsabilidad de gobiernos de distinto signo, ponen de
manifiesto la existencia de un déficit de la política. Ambas
tragedias, que de hecho son la misma pero repetida, demuestran que ni la
ideología ni la competencia de los gobernantes son capaces de
garantizar que estos desastres no vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, y
asumiendo que cualquier actuación humana resultará siempre imperfecta,
habrá que dotar de mecanismos al sistema democrático para que el
control de los desaprensivos que buscan el máximo beneficio sin reparar
en riesgos ajenos resulte automático, constante y, por lo tanto, más
eficaz.
Sólo en democracia los ciudadanos son, además, responsables. La
catástrofe del “Mar Egeo” ocurrió hace diez años. Se le puede
reprochar al gobierno socialista de entonces, a la Xunta y al Gobierno
que gestiona el presente que no hayan sido capaces de adoptar las
medidas necesarias para que no volviera a ocurrir una catástrofe de tal
magnitud, pero si no lo han hecho también ha sido porque no se han
visto obligados a ello.
La única manera de que los gobiernos atiendan las prioridades del
interés general es la presión de la sociedad civil. Mientras la
responsabilidad democrática se reduzca a elegir representantes cada
cuatro años, la garantía de que no ocurran desgracias evitables
dependerá del azar. Desde Europa se observa a menudo con displicencia
la democracia norteamericana. Allá también votan cada cuatro años,
pero apenas la mitad se siente motivada a acercarse a las urnas. Sin
embargo, desde principios de los 90 ningún barco sin doble casco se
puede acercar a las costas estadounidenses. El “lobby” de los
pescadores reaccionó tras la catástrofe del “Exxon Valdez” y fue
capaz de imponerse a otros grupos de presión más poderosos. Los
norteamericanos votan poco pero saben exigir más, porque se han dado
cuenta de que allá, como aquí, los gobernantes, para arremangarse,
también necesitan algún capataz.
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